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Lo que no se dijo sobre Barú
La decisión en contra del puerto y a favor de los empresarios del  
turismo sirvió para desviar la atención del público de los problemas  
que hay detrás de la transformación de Barú en un enclave turístico
Por Alejandra Azuero
Fecha: 10/13/2007 -1328
Con una frase pronunciada en Santa Marta la semana pasada, el  
presidente Álvaro Uribe dio por terminada la discusión en torno a la  
construcción del puerto carbonífero en Barú. Los empresarios del  
carbón se quedaron con los crespos hechos, pues el ejecutivo  
privilegió el desarrollo turístico de la zona, y quedó como el Mesías  
de las playas del Caribe al neutralizar la jugada sucia del Concejo  
de Cartagena. Según el gobierno, ahora resulta que los buenos del  
paseo son los inversionistas interesados en desarrollar un proyecto  
turístico a gran escala en la isla de Barú.

Sin embargo, la decisión en contra del puerto y a favor de los  
empresarios del turismo, ha servido también para desviar la atención  
del público de los problemas que hay detrás de la transformación de  
Barú en un enclave turístico. De manera magistral, el presidente  
Uribe logró posicionar la idea según la cual el desarrollo turístico  
a gran escala y la protección del medio ambiente son perfectamente  
compatibles. Y, con ello, dio un gran espaldarazo a las acciones de  
los inversionistas que promueven el proyecto. Mientras tanto, fuera  
del debate quedaron las preguntas acerca del desalojo de cientos de  
familias afrocolombianas que hoy viven en Barú, así como también la  
preocupación acerca del impacto ambiental que puede generar el  
turismo en una zona del país que es considerada de enorme valor  
ecológico.

Por su parte, los inversionistas que promueven el megaproyecto  
turístico Playa Blanca de Barú –entre ellos, Valores Bavaria, el  
Sindicato Antioqueño y el Grupo Corona– deben estar de fiesta. Y es  
que el susto no fue poco. Aun así, en la carta enviada por el  
representante legal del grupo inversionista al Ministro de Comercio  
tras la decisión del Concejo, se insistía en que no serían ellos,  
sino los habitantes de Barú, los primeros afectados por la  
construcción de un puerto carbonífero en la zona.
Lo que no se menciona en la carta al Ministro, es que los baruleros  
también son los primeros afectados por la construcción de un complejo  
turístico en la isla. Y esto es así, particularmente si se tiene en  
cuenta que una de las condiciones para la materialización del  
proyecto implica el desalojo de las comunidades negras que desde hace  
varias generaciones viven en la zona. Además, probablemente el  
presidente tampoco mencionó en su intervención de la semana pasada  
que el Estado colombiano tiene particular interés en la realización  
del proyecto. Concretamente, porque a través del Fondo Financiero de  
Proyectos de Desarrollo (FONADE), el Estado es parte –junto con  
algunos de los grupos económicos más poderosos del país– de la  
sociedad anónima encargada de ejecutarlo.

De hecho, el documento CONPES de 2005 que desarrolla los lineamientos  
del mismo, señala que entre los aportes del Estado se encuentra la  
entrega de los terrenos en Barú que son propiedad de la Nación. Sin  
embargo, para las comunidades negras de Barú, las tierras donde se  
quiere construir el proyecto turístico son suyas, y por ello la  
Corporación de Comunidades Negras de la Isla de Barú ha emprendido  
numerosas acciones judiciales. Aun así, el documento CONPES concluye  
que los actuales ocupantes de las tierras de Barú son invasores y  
que, por lo tanto, el Estado tiene derecho a desalojarlos, con el  
objeto de recuperar los terrenos afectos del proyecto.

Lamentablemente, los intentos por expulsar a los habitantes de las  
zonas aledañas a Cartagena no son algo nuevo. De hecho, una situación  
similar a la que se vive actualmente en Barú ya había sido denunciada  
por los habitantes de la Boquilla. Y tan solo hace un año, un  
centenar de baruleros se encadenó en la Plaza de la Aduana, para  
reclamar ante las autoridades el derecho de posesión sobre las  
tierras que heredaron de sus familias. Ya desde 1997, el informe del  
relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo,  
denunciaba cómo los habitantes de las islas Barú, Tierra Bomba y El  
Rosario, así como de la Boquilla, estaban siendo expulsados por las  
autoridades locales, con miras a construir complejos turísticos.  
Esto, según el relator, era el resultado de la presión ejercida a  
nivel local por grandes empresas hoteleras.

Lo que tampoco dijo el presidente a los colombianos es que la  
construcción y puesta en marcha de un complejo turístico para recibir  
cientos de visitantes a la semana, puede ser tanto o más perjudicial  
para el medio ambiente que un puerto de carbón. En efecto, la  
Organización Mundial del Turismo reconoció que, si bien la industria  
turística es la más grande del mundo, también es una de las que más  
afectan el medio ambiente. La protección de los manglares, las playas  
y los ecosistemas coralinos difícilmente puede llegar a ser  
compatible con el turismo masivo y la infraestructura que éste requiere.

De hecho, ya existen ejemplos de degradación del medio ambiente a  
causa de la infraestructura turística de la zona. La sociedad Las  
Palmas, una de las empresas que impulsan el proyecto de Playa Blanca,  
adelantó en la década de los noventa la construcción de un club  
náutico en Barú. Esta misma sociedad que hoy esgrime argumentos de  
tipo ambiental en contra del puerto y a favor del complejo hotelero,  
fue sancionada en junio de este año por haber construido obras no  
contempladas dentro del plan de manejo ambiental. Las obras  
realizadas en un club privado, que no alberga más de un centenar de  
personas, afectaron el parque natural Corales del Rosario y San  
Bernardo, y le costó a Las Palmas más de cuarenta millones de pesos.  
Lamentablemente cuando se trata del medio ambiente, el dinero no  
puede revertir el daño causado.

Cuando el río suena, piedras lleva. Ya lo había anunciado la revista  
Semana hace algún tiempo: "El presidente Álvaro Uribe se apersonó del  
proyecto turístico más grande del país". Por lo tanto, que no nos  
digan que no habrá carbón, porque habrá turismo y asunto arreglado.  
Si el carbón no es buen negocio cuando es a costa de las playas  
blancas del Caribe colombiano, tampoco es buen negocio el de las  
playas blancas si es a costa del medio ambiente, o peor aún, cuando  
el precio lo tienen que pagar las familias afrocolombianas que por  
generaciones han vivido en estas tierras. 
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